Podemos
empieza a desvelar su programa: la "Renta Básica Universal" costaría
145.000 millones extra al año.
Publicado en VOZPÓPULI,
27-09-2014
La formación de Pablo
Iglesias ha comenzado a dar pinceladas de la que es una de las medidas estrella
de su programa: una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos que,
sobre el papel, llevaría a duplicar los impuestos y a un gasto público de más
del 60% del PIB.
"Derecho
a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de
serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el
fin de posibilitar un nivel de vida digno. [...] Sustitución de las
prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de este ingreso
básico. Financiación a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha
contra el fraude fiscal". Este es el enunciado de una de las medidas
estrella del programa electoral de Podemos, que sin embargo no daba ningún
detalle más sobre cómo lo conseguiría o de las formas de
financiarlo. ¿Pero cómo se aplica esa renta universal básica? ¿Quiénes
serían los beneficiarios de la renta básica? ¿Cuál sería el importe exacto por
persona y año? ¿Qué prestaciones piensan eliminar y cuál sería el ahorro? ¿Cuál
estiman que sería el coste neto exacto de la renta básica?", son las
preguntas que formula un forero a Podemos. Según la respuesta que daba
este martes Alberto Oliver, miembro de la formación, en uno de los círculos de
debate de economía, aunque se está trabajando sobre ello "la medida
costaría 145.000 millones al año". "De momento se trabaja sobre
varias alternativas siendo los costes derivados (ahorros excluidos) del entorno
de 250.000 millones de euros. Si bien claro está, el costo en pensiones disminuiría
en más de 90.000 millones (actualmente se sitúa en 120.000) y descontando unos
15.000 millones adicionales de desempleo (el coste actual es de 27.000)",
escribe.
"Con
estas cifras en la mano -continúa Oliver- habría que financiar aproximadamente unos
145.000 millones de euros adicionales para una renta básica de 1.000 euros a
menores de 18, 6.000 euros a personas en edad laboral y 8.000 euros a jubilados
(quedarían para completar las pensiones actuales unos 30.000 millones
adicionales que no hemos descontado a propósito)", añade, señalando a
renglón seguido que la manera de financiar la renta básica universal está aún
pendiente de cuantificar.
El partido
pretende así ir dando pinceladas sobre sus propuestas, aunque sí dejan claro
que aún falta mucho estudio teórico, mucha valoración conjunta y que para ello
incluso lanzarán una encuesta en las próximas semanas.
En el
mismo círculo de economía son varios los usuarios que critican los cálculos de
Podemos, aludiendo a que forzarán a duplicar la presión fiscal o que elevarán
el gasto público del 45% del PIB actual a cerca del 60%. La formación no tiene
claro aún cómo financiará esos 145.000 millones adicionales, teniendo en cuenta
que la política de subida de impuestos del Gobierno actual sitúa la recaudación
en un 38% del PIB y que aún así no se cubre el gasto del Estado -el déficit
público está en el 7%-.
Desconfianza
entre los expertos
Precisamente
debido a la ambigüedad de las medidas propuestas, que en muchos casos no llegan
a concretarse, son muchos quienes plantean preguntas que en el círculo se
contestan con un "estamos trabajando en ello". Los miembros de
Podemos explican que en cuanto les sea posible sacarán un informe con las
principales conclusiones sobre la renta básica, aunque desconocen los efectos
sobra la inflación de la misma, si incentivará al desempleo o si afectará a un
posible aumento del salario.
Sobre
estas cuestiones ya alertaba el economista Juan Ramón Rallo en Vozpópuli el
pasado mes de mayo, donde explicaba que la medida que proponía Podemos era
"infinanciable y egoísta". Según sus cálculos, el coste neto de la
renta básica universal oscilaría entre el 20% (si sólo se reconociera a
nacionales) y el 25% (si se reconociera a todos los residentes legales) del
PIB. "Una suma absolutamente infinanciable en los términos en que
plantea Podemos: a saber, no como una alternativa al Estado de Bienestar sino
como un complemento. Si actualmente el gasto público asciende al 44% del PIB,
habría que elevarlo al 65%-70%, lo que equivaldría prácticamente
a duplicar la presión fiscal que ahora mismo padecemos. Distinto
sería el caso de que, a cambio de recibir la RBU, se privatizaran totalmente la
sanidad y la educación públicas: en tal caso, el tamaño del
Estado sólo aumentaría hasta el 52-56% del PIB, un porcentaje muy
alto pero no imposible. Claro que no parece que Podemos y muchos defensores de
la RBU estén por la labor de privatizar totalmente la sanidad, la educación y
las pensiones a cambio de proporcionar a cada persona una renta anual de 8.114
euros", explicaba.
De
momento, toca esperar a la presentación de esas mencionadas conclusiones tras
los estudios teóricos que está realizando la formación para saber si su
propuesta es viable o por el contrario resulta inaplicable.
* * * * *
Hasta
aquí, el articulo de Vozpópuli. Para completar este post voy a añadir parte del
argumentarlo económico del círculo de economía de PODEMOS, en un intento de
aclarar en lo posible este follón.
¿De dónde vais a sacar el dinero?
Una salida de la crisis a favor de la mayoría requiere una cantidad importante de recursos públicos, lo
cual exige un esfuerzo que es posible realizar. Los recursos existen, se trata de orientarlos bien. Por ejemplo:
el stock de viviendas vacías en manos de los bancos que han recibido dinero
público, o del banco malo, son recursos de todos sin utilizar.
—Sólo con situarnos
en el nivel de recaudación promedio de la zona euro contaríamos con más
de 92.000 millones de euros anuales adicionales.
1. Según Eurostat (estadísticas
oficiales de la UE) los ingresos fiscales del Estado español fueron en 2013 un
37,8% del PIB, mientras el promedio de la eurozona fue del 46,8%. Alcanzar ese
promedio supondría 92.069 millones de euros calculando a partir de datos del
INE para el PIB de 2013. Ojo: no es estimación de fraude. En el promedio de la
UE también hay fraude (aunque menor que el nuestro), y nuestra distancia con
ese promedio no es sólo por fraude, también por tipos más bajos, más
desgravaciones, etc.
2.La
equiparación fiscal con la UE mejoraría sustancialmente la situación financiera del Estado. —El déficit oficial en 2013 fue del 6,62%
del PIB. En subsidios de desempleo se gastarán 26.994 millones de € según los
Presupuestos Generales de 2014. Es más del triple de lo que se
pagan de subsidios de desempleo (27.000 millones).
3. En 2013 no sólo no habría habido déficit, sino que hubiera habido un superávit de más de 28.000
millones.
—La forma prioritaria de obtener estos recursos es combatir el fraude fiscal: hacer
cumplir la legislación fiscal vigente.
1. Según los Técnicos de Hacienda es técnicamente factible gracias a que el fraude está muy
concentrado: el 72% lo cometen 3.000 grandes empresas y fortunas.
2. Con un objetivo
prudente como es reducir el fraude fiscal a estándares europeos (supone
reducirlo del casi el 25% del PIB al 15%), estimamos una recaudación extra
automática de aproximadamente 34.400
millones anuales, —Según los cálculos de GESTHA se
trataría de pasar de un fraude del 24,6% del PIB al 15%, lo cual supone que
aflorarían unos 98.207 millones de €. Aplicando un tipo impositivo medio del
35% estimamos una recaudación adicional de 34.372 millones de euros.
—Sólo con lo recaudado en un años
nos habríamos podido ahorrar el “rescate” que pedimos a la UE (40.000
millones).
En realidad es posible reducir el fraude todavía más. Estamos
en el país de la UE que menos recurso destina a luchar contra el fraude:
dispone de un trabajador de Hacienda
por cada 1.958 habitantes, frente a los 942 de Francia, 740 de Alemania
y los 574 de Luxemburgo.
También eliminando atajos
y trucos legales (elusión fiscal) que permiten a los más ricos pagar
mucho menos de lo que les corresponde. Según la Constitución el sistema fiscal
tiene que ser progresivo, pero gracias a estas ventajas es exactamente lo
contrario: tributa proporcionalmente más quien menos tiene. Mientras que el
tipo impositivo máximo del IRPF para las rentas del trabajo es del 45%, gran
parte de las rentas del capital financiero tributan a un 21% y las grandes
fortunas que tienen más de un millón de euros y suscriben una SICAV sólo
tributan al 1% —las que tributan al 21% según la
última reforma fiscal son las eufemísticamente llamadas “rentas del ahorro”,
que en realidad son, en su gran mayoría, rentas del capital.
—Aunque el tipo máximo del Impuesto
de Sociedades era del 30% las 3.000 mayores empresas tributaron al 3,5% en
2013. Discriminatorio respecto a PYMES. Si no tuvieran esas ventajas y
tributaran al 30% habríamos recaudado 19.200 millones adicionales.
1. Es más del doble del coste que estimamos para el adelanto
de la jubilación a los 60 años (8.700 millones de € anuales)
2. Es más del coste de una renta mínima para familias en
situación de exclusión severa (11.100 millones de €)
Impacto económico de medidas concretas.
1. 1.
Jubilación a los 60 años. (Calculamos las personas que
pasarían a jubilarse con datos del INE para el primer trimestre de 2014, según
los cuales hay 783.600 personas empleadas de 60 a 64 años y 174.400 personas
desempleadas en esa misma franja de edad. Un total de 958.000 nuevos pensionistas.
La pensión media de las altas en 2013 es exactamente de 18.094,58 euros/año,
según datos de la Encuesta de Estructura salarial de la Seguridad Social. El
ahorro en subsidios de desempleo lo estimamos teniendo en cuenta las personas
que salen del paro, que el subsidio promedio es de 824,8 euros al mes y que el
56% de las personas paradas cobra subsidio. El pago de impuestos de las nuevas
personas empleadas se estima con un gravamen promedio del 25% sobre la renta,
que es muy conservador teniendo en cuenta que incluye impuestos directos e
indirectos).
—Teniendo en cuenta que 958.000 personas pasarían a jubilarse
de forma anticipada, y que la pensión promedio de los pensionistas dados de
alta en 2013 fue de 18.095 euros anuales, estimamos un coste inicial de 17.335
millones de €.
A lo que hay que restar:
1.
Ahorro
en subsidios de desempleo: 4.343 millones de €.
2.
Pago
de impuestos de las nuevas personas empleadas: 4.334 millones de €. El coste total de la medida sería de 8.658 millones de € anuales.
—A cambio se
generarían 783.600 nuevos empleos con la jornada laboral actual.
Teniendo en cuenta una reducción de jornada a 35 horas semanales la creación de
empleo sería de 895.500 puestos de
trabajo. Y el coste todavía menor porque habría más retorno en ahorro de
subsidios de desempleo y pago de impuestos.
2. Incremento “significativo” del salario mínimo
—Es prioritario incrementar la capacidad adquisitiva de la
población con menor nivel de ingresos:
1. Recuperar su nivel de compra es esencial para reactivar el
crecimiento y generar empleo.
2. Permitir que hagan frente a sus hipotecas es esencial para
evitar quiebras y rescates adicionales al sector financiero.
—Hay margen para equilibrar rentas salariales y beneficio
empresarial: desde el inicio de la crisis, según datos del INE, los beneficios
avanzaron 5 puntos porcentuales sobre el PIB. Hay que revertir ese proceso.
—Según estudios de la OIT el salario mínimo es un instrumento
eficaz para hacerlo.
3. Subida de la pensión mínima al nivel del salario mínimo. Estimamos con el salario mínimo de 645 euros mensuales y con
datos de número de pensiones por debajo del salario mínimo y cuantía media de
esas pensiones (para calcular lo que hay que financiar para llegar al salario
mínimo) de la Seguridad Social para 2013.
1. Igualar al salario mínimo (actual) todas las pensiones
contributivas que se encuentran por debajo tendría un coste estimado de 5.228 millones de euros anuales.
2. El coste de esta medida es muy reducido, más teniendo en
cuenta su eficacia en términos de protección social y reactivación económica:
incrementaría la capacidad adquisitiva de 3.260.000 personas (y consiguientemente familias).
4. 35 horas.
Los datos de jornadas laborales anuales
los obtenemos del Groningen Growth and
Development Centre. Para estimar los nuevos empleos que se podrían
generar, usamos datos de la EPA para el primer trimestre de 2014.
—Experiencias internacionales avalan que acortar la jornada
laboral es eficaz para generar empleo:
1. Francia: la reducción de la jornada laboral a 35 horas del
gobierno de Jospin supuso la creación de más de un millón de empleos netos
durante el periodo 2000-2002 (años de crisis y de nula creación de empleo para
otras economías europeas).
2. Alemania: entre 1995 y 2013 la jornada laboral se ha
reducido un 9%, pasando de 1.528 horas anuales por trabajador a 1.392, lo que
ha permitido que el empleo creciese un 10% (las horas totales trabajadas el año
se han mantenido constantes).
—En España hay margen para hacerlo: la jornada anual por
trabajador en nuestra economía está 220 horas por encima del caso francés y 270 horas por encima de Alemania.
—Si en España
ajustáramos nuestra jornada laboral anual a la alemana estimamos que se podrían
generar del orden de 3.270.000 nuevos empleos.
5. Renta básica a toda la población equivalente (como mínimo)
al umbral de la pobreza.
Extrapolamos a partir de que el coste
del programa vasco, que cubre a unas 68.000 hogares, es de aproximadamente 480
millones de euros al año. Según Foessa los hogares en situación de exclusión
social severa son el 8,8%: 1.603.122 hogares calculando sobre datos del INE
para 2013.
—Habría que definir el modelo de renta básica (ingresos,
criterios, etc.), pero garantizar renta mínima a las familias en situación de exclusión severa es financieramente sostenible. Por
ejemplo, aplicar en todo el país un sistema equivalente a la Renta de Garantía
de Ingreso que funciona en el País Vasco (que garantiza una renta de 650 €
mensuales apara una persona que viva sola, o 1.000 para una pareja con dos
niños, además de una prestación complementaria para vivienda de 220 € en los
casos necesarios), costaría 11.136
millones de € anuales.
6. Auditoría de las Deudas
No hay información completa sobre la naturaleza de algunos
tipos de deuda. Necesitamos auditorías rigurosas realizadas por especialistas
bajo control ciudadano, para cuantificar con exactitud cada tipo de deuda e
imputársela a quien le corresponde.
Hay fundamento para sostener que la ciudadanía está pagando
deudas que no le corresponden. Por ejemplo:
1. Deuda pública derivada de rescate bancario.
2. Deuda hipotecaria sobrevalorada por prácticas abusivas de
los bancos.
7. Reestructuración con quitas según resultado de la
auditoría
—Según el resultado de la auditoría habrá que reestructurar
el pago de la deuda atendiendo a criterios de eficacia (que permita recuperar
el crecimiento) y equidad (que la deuda la pague quien le corresponde).
—Hay que esperar a la auditoría, pero tenemos elementos para
prever que:
1. No corresponde a
la ciudadanía pagar por la deuda derivada de los rescates bancarios. No
se trata de deuda pública, sino de deuda privada transferida. Pendientes de
auditoría, una estimación conservadora:
150.000 millones de euros.
2. Tal
y como recomienda el FMI en su Informe de 2012, —se trata del World Economic
Outlook de abril de 2012, capítulo 3— y siguiendo las experiencias exitosas de
Islandia en 2008 y EEUU en los años 30, habrá que hacer una quita de la parte de deuda sobrevalorada de
las familias hipotecadas. Esa deuda también corresponde al sector
bancario.
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